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Estado de emergencia en Perú tras protesta minera
Por EFE   
05:36 | 05/29/12
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El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en una provincia del sur del país después de que dos personas murieran en enfrentamientos entre la policía y la población local, que protesta desde hace días contra una empresa minera.

Además de las dos víctimas mortales, los choques con la Policía causaron decenas de heridos y llevaron al Gobierno de Ollanta Humala a decretar ayer el estado de emergencia, que entrega durante 30 días el control del orden interno a la Policía.

La población de la provincia de Espinar, en la región Cuzco, exige que se investiguen los supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya, que explota la minera suiza Xstrata, y que se eleve del 3 al 30 por ciento la aportación al desarrollo de la empresa a las autoridades locales.

Dos personas murieron en los enfrentamientos con la Policía, al parecer por disparos de armas de fuego, y decenas de civiles y agentes resultaron heridos de diferente consideración.

"Hay dos fallecidos, uno que está siendo evacuado en estado muy grave y muchos heridos, todo porque hay una insensibilidad por parte del Ejecutivo para poder apreciar la real problemática de Espinar", declaró el alcalde de la localidad del mismo nombre, Oscar Mollohuanca.

Aunque el alcalde dijo que desconoce la identidad de los fallecidos, ratificó que vio sus cuerpos en la morgue del lugar, mientras que el canal N de la televisión local identificó a uno de los muertos como Florecindo Mamani Puma, de 27 años.

Según sus familiares, el hombre recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en un cerro cercano siguiendo los enfrentamientos, aunque sin participar en ellos.

El ministro del Interior, Wilver Calle, confirmó la muerte de las dos personas y dijo que la Policía tuvo que responder ante los "ataques, provocación y medidas de fuerza, con quema de pastizales y lanzamiento de piedras" de los manifestantes.

Calle añadió que el lunes hubo 30 policías heridos, que se sumaron a los 46 del domingo.

"Se usaron balas de goma y cuando se puso en peligro a la policía ellos tuvieron que repeler el ataque...(las muertes) han sido a consecuencia de la actitud que han tomado los pobladores", afirmó.

Tras confirmarse los fallecimientos, los manifestantes atacaron algunos vehículos que se encontraban en la carretera que une Espinar con el Cuzco y retuvieron a un fiscal que se dirigía a la zona.

Después de hacerlo caminar sin zapatos durante varias horas, los manifestantes aceptaron liberarlo a petición de la vicaría apostólica.

Sin embargo, la situación llevó al Gobierno peruano a declarar el estado de emergencia (excepción) en Espinar y el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, invocó a la población local a levantar su medida de fuerza y reiniciar el diálogo.

Según un decreto que fue leído en el palacio gubernamental, el estado de emergencia se dictó para garantizar la seguridad y el libre tránsito en la zona, así como "la plena vigencia de los derechos fundamentales".

La medida, que estará vigente durante 30 días y entrega el control del orden interno a la Policía, comprende la suspensión de garantías relativas a la libertad de tránsito y reunión, a la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.

El alcalde Mollohuanca aseguró, por su parte, que el Gobierno está "caricaturizando el problema" de Espinar, al decir que las protestas tienen un origen político y enfatizó que sus habitantes exigen que se analicen los pasivos ambientales que ha causado el yacimiento de Tintaya.

"El tema no es sólo económico, porque previo a ello los comuneros de la zona piden una solución a los pasivos ambientales que se han generado", remarcó Mollohuanca.

El Gobierno peruano asegura que las protestas en Espinar están siguiendo el mismo tenor que las presentadas en la región norteña de Cajamarca contra el proyecto aurífero Conga, que sigue paralizado y que lograron que se sometiera a un peritaje el estudio de impacto ambiental del futuro yacimiento.

El alcalde de Espinar aseguró que los dirigentes de su provincia están dispuestos a reunirse con una comisión gubernamental para intentar solucionar el conflicto. 

 

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