Discriminación racial, intimidación y tratamiento denigrante, todo en el nombre de la “guerra contra el terror” figuran como parte de la amarga cosecha de la delegación de autoridad en materia de inmigración.
Racial profiling, intimidation and degrading treatment, all in the name of “the war on terror” figure as part of the bitter harvest of outsourced immigration enforcement.
El ritmo de detenciones de inmigrantes no peligrosos ni violentos a llegado a un nivel histórico de más de 1,000 personas cada día, incluidas familias enteras con niños. El reciente “Reporte Schiro” publicado por el Departamento de Seguridad Doméstica, entre sus hallazgos principales destaca que tan solo 11 por ciento de los inmigrantes detenidos han cometido crímenes violentos.
La vasta operación capitaneada por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de su red subcontrada de prisiones estatales y de condado, se jacta de contar con 300 centros de detención a lo largo de los Estados Unidos.
Durante la festín de millones de dólares para subcontratar la guerra y la seguridad doméstica de los Estados Unidos, KBR una subsidiaria de Halliburton, la empresa que dirigía Dick Cheney antes de asumir la vicepresidencia de los Estados Unidos, se benefició de un contrato de $400 millones de dólares para construir “centros de inmigración temporales”.
El empleo de policía estatal y de condado costará $394 millones de dólares este año fiscal 2009, mediante un programa de fondos federal denominado Programa Estatal de Asistencia para Detener Criminales Extranjeros (SCAAP).
Súbitamente la marea de racismo vestido en ropaje de “fuerza pública” parece estar cambiando. El torbellino desatada después de Septiembre 11 en nombre de “la guerra contra el terror” fue en parte posible gracias a la sección 287(g) que se añadiera a la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal, permitiendo que autoridades estatales y locales ejerzan potestad en materia de inmigración.
La marea parece cambiar gracias que se está aplicando la ley de una manera decente, civil, y ante todo respetuosa de la dignidad humana. El estándar especifica en términos muy claros cómo prevenir que las autoridades locales cometan abusos aberrantes que convierten a la crisis de inmigración en una cacería de brujas que pinta a todo inmigrante como un peligroso delincuente.
En marzo del 2009 el Washington Post reportó sobre tales abusos y se hizo eco de los críticos que denuncian cómo la delegación de autoridad migratoria “ha desembocado en una forma de racismo en la cual policías detienen a individuos con apariencia latina o extranjera amparados en el pretexto de contravenciones menores para así indagar sobre su estatus migratorio.”
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicó también en marzo del 2009 un reporte en el que advierte sobre la confusión sobre cuál era el propósito de la sección 287(g), y de cómo resultaría en la detención de un “número inmanejable” de inmigrantes “de baja prioridad” y en el “mal uso de autoridad” en inmigración.
La Secretaria Napolitano anunció en julio del 2009 que los términos de utilización de la sección 287(g) serían uniformados para así enfocar los esfuerzos en “criminales extranjeros peligrosos” asegurando que toda autoridad “estatal y local utilice los mismos estándares.” Un requerimiento clave para evitar el uso de esta autoridad como pretexto para el prejuicio racial, es que las autoridades locales “estarán obligadas a presentar los cargos criminales originales que provocaron que el ofensor fuera detenido”. Finalmente las nuevas directivas introducen medidas para el rendimiento de cuentas en casos de abuso.
Tan solo tres meses después, uno de los abusadores de la sección 287(g) el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, que el New York Times identificara como un “obsesionado por la publicidad, estrella de ‘reality show’ del canal Fox, y autonombrado perseguidor de inmigrantes ilegales”, denigraba a los inmigrantes detenidos forzándoles a marchar por las calles luciendo cadenas y uniformes penitenciarios rosados para hacerlos un espectáculo público, contrariando así básicos preceptos de los derechos humanos y constitucionales.
Ahora el exhibicionista Arpaio ha perdido parte de sus poderes de policía de inmigración y se lamenta de que las autoridades federales no le han ofrecido explicación alguna, por lo visto no se enteró de la plétora de reportes evidenciando los abusos contra los derecho humanos, y del cambio en la mentalidad del gobierno federal.
Como nación no somos inmunes al abuso y a la corrupción: Jueces en Pensilvania recibieron millones en sobornos para llenar cárceles privatizadas con detenidos; ex ejecutivos de grandes corporaciones asumen la dirección del país y favorecen a sus ex empleadores con contratos millonarios para construir muros de frontera y centros de detención para inmigrantes; autoridades policiales hacen gala de racismo y discriminación abusando su autoridad y despilfarrando los limitados recursos para seguridad pública, cobardemente persiguiendo a los débiles y permitiendo que el verdadero crimen se torne rampante.
La marea parece cambiar, y urgimos a las autoridades no abdicar su responsabilidad de combatir al crimen verdaderamente violento y peligroso, honrando en cambio su deber de respetar a sus semejantes, extranjeros o no.
