Es una ironía que el Departamento de Justicia (DOJ) tenga que esforzarse para “restaurar” el respeto por la ley dentro de la cultura del DHS (Departamento de Seguridad Doméstica), esto es dentro del propio gobierno federal.
It is quite ironic that the Department of Justice has to work hard at having to “restore respect for the law within the culture of the DHS (Department of Homeland Security)” that is, the federal government itself.
La política de inmigración durante el primer año de la administración Obama ha cambiado insignificantemente y más bien ha perpetuado algunas de las peores violaciones de los derechos civiles de la administración Bush, según un reporte de ‘Immigration Policy Center’ (IPC) en su estudio “El desafío de la reforma”.
La criminalización de los inmigrantes continúa bajo la administración Obama, “de hecho los enjuiciamientos federales por inmigración aumentaron a niveles récord en el 2009”, aseveró la IPC, revelando que “bajo esta administración, el gobierno federal continúa gastando miles de millones de dólares acusando a inmigrantes infractores no-violentos a la par que crímenes más serios en los que están involucrados droga, armas y crimen organizado enfrentan una probabilidad menor de ser acusados”.
Las acusaciones por inmigración ahora representan el 54% de todos los enjuiciamientos federales y aumentarán otro 14% el año fiscal 2009, según el centro TRAC de Syracuse University.
Mucha de la fiebre persecutoria se funda en un ardid para clasificar a los inmigrantes como “criminales alienígenas”. Este artilugio si bien se asemeja al insulto característico de los grupos racistas neonazis, se perpetra mediante inconstitucionalmente obtener datos personales tales como huellas digitales para ingresarlos a una base de datos federal nombrada con el eufemismo “Comunidades Seguras”.
He aquí como opera este ardid según la IPC: “Un examen más cercano de las estadísticas del ICE revela que el uso del término “criminal alienígena” es engañoso y que aquellos identificados por “Comunidades Seguras” incluye un gran número de individuos sin antecedentes delictivos, individuos acusados (más no sentenciados por) de crímenes, y personas “identificadas” más no sujetas a deportación. La obtención de huellas digitales y la identificación se hace al momento del arresto, y no al cabo de ser sentenciados, por lo tanto agravando el riesgo de discriminación racial y arrestos bajo falsos pretextos de quienes tan solo se sospecha sean indocumentados para así determinar su estatus de inmigración”.
Pese a estos flagrantes abusos, el DHS se ufana de que el programa “Comunidades Seguras” se ha expandido de 14 a 107 localidades en el 2009 y de que en el 2009 supuestamente ha identificado a 111.000 presuntos “criminales alienígenas”.
En realidad el programa “Comunidades Seguras” literalmente contribuye a permitir que el crimen extremadamente violento y organizado se mantenga impune.
Restar dos tercios de los recursos federales del combate al crimen violento y organizado del tráfico de drogas, armas y de personas para más bien perseguir a los inmigrantes es un testamento de donde descansan en verdad nuestros valores.
