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Mientras la nación espera una respuesta en el juicio federal contra la ley 1070 de Arizona programada para entrar en vigor este jueves, los funcionarios del estado luchan por interpretarla y proveer entrenamiento a los policías, lo cual podría complicarse si la juez federal, Susan Bolton, sólo aprueba partes de la medida.
En un reporte publicado hoy por el Centro de Política de Inmigración (IPC) titulado “Aplicando la ley 1070 de Arizona: Un estado de confusión” (Enforcing Arizona's SB 1070: A State of Confusion), el periodista Jeffrey Kaye revela que la “aplicación de practicas uniformes a través del estado” que prometió la gobernadora, Jan Brewer, está lejos de ser una realidad.
En oposición, las agencias policiacas de Arizona han desarrollado “un mosaico de directrices basadas en distintas interpretaciones de la ley”, según Kaye.
El reporte del periodista incluye entrevistas con oficiales preocupados con la implementación de la ley que criminaliza a indocumentados así como una revisión de los materiales de entrenamiento que difieren entre agencias policiacas y “distorsionan las prioridades”, según el autor.
Además, la ley permite a la policia verificar el estatus migratoria de cualquier persona bajo “sospecha razonable”, lo cual diversos grupos de derechos civiles argumentan podría prestarse a interpretaciones ambiguas y al abuso por perfil racial.
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