Latino News and Opinion

Acción judicial en la Florida alega violación de ley federal
Por EFE   
05:24 | 06/15/12
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Dos grupos defensores de los derechos civiles interpusieron una demanda contra los esfuerzos del estado de Florida el 8 de junio, para que los electores confirmen su ciudadanía estadounidense y en caso de negarse pueden perder su derecho a votar.

La Unión Americana de Libertades Civiles de la Florida (ACLUFL) y el Lawyers Committee on Civil Rights Under Law (LCCRUL) presentaron la acción judicial contra el secretario de Estado de Florida, Ken Detzner.

“Acudimos a los tribunales para evitar que la administración de (el gobernador Rick) Scott asalte la democracia al negarle a los ciudadanos estadounidenses el derecho a votar”, dijo Howard Simon, director ejecutivo de ACLUFL.

Explicó que “el programa ilegal para purgar votantes elegibles utiliza información incorrecta para eliminar a ciudadanos elegibles de las listas de votantes”.

Ambos funcionarios, apuntó, confunden a los floridanos al “llamar a esta lista ilegal de depuración una ‘protección del derecho al voto de los ciudadanos’”.

El Departamento de Elecciones de Florida ha identificado a cerca de 2.700 personas que, según su investigación, posiblemente no ciudadanos, pero el método utilizado ha sido cuestionado por los supervisores de comicios de los 67 condados del estado.

Los supervisores han expresado desconfianza porque la información está basada en el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV), que, al parecer, no mantiene actualizados sus datos referentes a la ciudadanía.

“Esto precisamente constituye las razones por las que el Congreso sigue re-promulgando, y nosotros seguimos necesitando la Ley de Derecho al voto, para evitar que los funcionarios del estado interfieran con los derechos constitucionales de las minorías”, dijo Simon.

Julie Ebenstein, abogada de la ACLUFL, enfatizó que el estado de Florida está violando una ley federal y por eso “estamos pidiendo a la corte que proteja el derecho a votar y que detenga esta purga ilegal”.

Además de ser “inexacta y obsoleta”, la lista que se envió a los funcionarios electorales señala de manera “desproporcionada a hispanos”, según esa organización.

El 61 por ciento de las personas a las que se les exigió probar su ciudadanía son hispanas, de acuerdo con un análisis de la ACLUFL.

“Por el contrario, sólo el 16 por ciento de las personas en la lista se identifican como blancos”, se indicó.

 

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