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Activistas en Arizona expresaron este lunes su preocupación por la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia tras revisar la constitucionalidad de la llamada "Propuesta 200", una ley estatal que exige a los votantes probar que son ciudadanos estadounidenses antes de inscribirse y emitir su voto.
"Aunque esta ley fue aprobada en Arizona en 2004 estamos viendo un fenómeno a través de todo el paÃs donde se han implementado reglas para hacer mas difÃcil el proceso para votar, utilizando el fraude como excusa", dijo Alessandra Soler, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Arizona.
Los nueve magistrados del Tribunal Supremo habÃan rechazado anteriormente la solicitud del gobierno de Arizona de bloquear un dictamen de un tribunal federal de apelaciones de California en contra de ese requisito.
La "Propuesta 200" fue aprobada en referendo en 2004, pero se prevé que el fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre esa ley se produzca después de los comicios generales en EE.UU. el próximo 6 de noviembre.
La propuesta 200 también niega servicios públicos a los inmigrantes indocumentados, pero esa cláusula no fue impugnada ni ante el noveno tribunal de apelaciones de San Francisco (California) ni ante el Supremo.
El noveno tribunal de apelaciones, compuesto de doce magistrados, dijo en su fallo que la ley federal prima sobre la ley estatal de Arizona.
Soler indicó que hasta el momento ninguna persona ha sido juzgada en Arizona por cometer fraude al votar.
"Esta es una ley para un delito que no existe", enfatizó la representante de ACLU.
En la actualidad, la ley federal permite que los estadounidenses se inscriban por correo mediante un formulario federal y declaren bajo juramento, so pena de multas, que son ciudadanos de este paÃs.
La ley de Arizona, sin embargo, pretende exigir que cada votante incluya una prueba de ciudadanÃa en sus propios formularios estatales.
La directora de ACLU dijo que inicialmente cuando entró en vigor esta regulación en Arizona alrededor de 30.000 personas registradas para votar tuvieron que presentar su solicitud de inscripción nuevamente porque no cumplÃan con los requisitos.
Por su parte, Isabel GarcÃa, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona dijo que existe temor de que Corte Suprema pueda revertir la decisión que tomó la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve que determinó que el estado de Arizona está obligado a aceptar la forma federal establecida para el registro de votantes, a pesar de que ésta no exige prueba de ciudadanÃa.
"Esto es una muestra de racismo, un intento por disminuir la participación de votantes minoritarios", dijo GarcÃa.
GarcÃa agregó que por muchos años se ha luchado para defender el derecho y el acceso al voto y en su opinión ésta es una barrera para evitar su participación en el proceso polÃtico.
Otras voces se han alzado en el paÃs para asegurar que la "Propuesta 200" sólo busca suprimir o desalentar el voto de las minorÃas.
Un informe divulgado el pasado 24 de septiembre por el grupo cÃvico "Advancement Project" advirtió de que, debido a barreras legales en 23 estados, más de diez millones de latinos podrÃan ser privados de su derecho al voto.
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