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Gracias a la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Barack Obama puede entrar en una arena políticamente movediza del debate de inmigración.
El lunes la Corte pidió al gobierno Obama su punto de vista sobre el desafío a la ley de Arizona que castiga a las compañías que contratan indocumentados.
Mientras tanto, otros estados estarán observando de cerca qué paso da la administración, pues sus propias leyes pueden estar en problemas similares.
El punto es si las legislaturas locales y estatales puede sobrepasar la política migratoria de Estados Unidos en el Congreso, señaló el abogado litigante de la Corte Suprema Carter Phillips.
Phillips representa la Cámara de Comercio de Estados Unidos , que desafió la ley de Arizona como parte de una coalicción de grupos empresariales, de inmigración y laborales, entre ellos la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.
La coalicción rechaza una ley de 2006 que puede revocar a supender licencias de negocios que contraten inmigrantes indocumentados.
Así reportó The Miami Herald
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