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Siete médicos y un enfermero cubanos
demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal de este último
país PDVSA por presunta conspiración para obligarles a trabajar en
condiciones de "esclavos modernos", como pago por la deuda cubana
con el Estado venezolano por suministro de petróleo.
Los demandados, "intencional y arbitrariamente", colocaron a los
profesionales de la salud en "condición de servidumbre por deuda" y
éstos se convirtieron en "esclavos económicos" y promotores
políticos, según el documento de la demanda presentada en EE.UU.
La demanda fue interpuesta el pasado viernes ante un tribunal
federal de Miami (EEUU) por los médicos Julio César Lubian, Ileana
Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas,
John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.
Con la acción legal, que fue asignada a la juez Patricia A.
Seitz, los demandantes buscan una indemnización que sobrepasa los 50
millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados
defensores.
"Queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial
de los estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración
predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para
someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos",
informó a Efe el letrado.
En la demanda, el abogado Leonardo Arístides Cantón, que lidera
la defensa, argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo
"engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de
horas en la misión "Barrio Adentro", en lugares con una alta tasa de
delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la
"beligerante" frontera con Colombia.
"Barrio Adentro" es un programa del gobierno de Venezuela que
utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de
salud en las zonas pobres del país.
La presencia de los profesionales de salud en la nación
suramericana es posible mediante el convenio integral de cooperación
firmado entre Cuba y Venezuela en el 2000 y modificado y ampliado en
el 2004.
El acuerdo establece que La Habana enviará a Venezuela
profesionales del sector de salud a cambio de 100.000 barriles
diarios de petróleo suministrados a través de PDVSA.
Algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias
doctoras violadas, de acuerdo con la demanda.
Cantón dijo que ambas naciones han colocado a personas inocentes
y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y
servidumbre por deuda, una "versión moderna de la esclavitud".
Los dos países, según el abogado, se han unido en una
conspiración sin precedentes en la historia contemporánea, con la
única excepción de la esclavitud de la Alemania nazi, en el uso de
trabajo forzado.
Subrayó también que "el convenio de los gobiernos de Cuba y
Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al
comercio de esclavos en la América colonial".
El gobierno venezolano persigue, intima, captura y hace regresar
a Cuba a médicos y otros profesionales de la salud que se niegan a
realizar trabajos forzados o que intenten obtener su libertad para
salir del país suramericano, según el documento judicial.
Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias
alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano,
mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina
en la nación andina violando las leyes de ese país.
Los médicos y el enfermero fueron sometidos por funcionarios de
seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de
sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y
coaccionados, de acuerdo con la demanda.
Los demandantes lograron escapar y llegar a Estados Unidos, país
que les otorgó visas.
Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna"
que se interpone en un tribunal de Miami.
En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao
Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres
cubanos que alegaron que fueron enviados por Cuba a trabajar en la
reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo
condiciones "inhumanas y degradantes" para pagar deudas.
Los abogados dijeron en esa ocasión que el fallo representaba la
"primera vez que un tribunal de EE.UU. responsabilizó a una compañía
que negocia con Cuba por trabajos forzados y abusos a los derechos
humanos incurridos en forma concertada con el régimen cubano".
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