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Entra en vigor registro obligatorio de consultores de inmigración en Utah
Por EFE   
07:52 | 06/29/12
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Los consultores en temas migratorios que no sean abogados deberán registrarse obligatoriamente en la División de Protección al Consumidor del Departamento de Comercio de Utah a partir del próximo 1 de julio, en cumplimiento con una ley que busca reducir el fraude contra inmigrantes.

La SB144, conocida como Ley de Registro de Consultores de Inmigración, fue aprobada este año con el propósito de regular las actividades de esos consultores, quienes deberán obtener el permiso correspondiente y cumplir con otros requisitos para ejercer esa profesión.

La ley también establece sanciones, desde multas (con un máximo de 5.000 dólares) a cargos formales, para quienes la infrinjan y para quienes intencionalmente defrauden a inmigrantes que buscan ayuda para trámites o formularios.

"Es una ley histórica que desde ahora protegerá a las personas de aquellos embusteros que se aprovechan de los más vulnerables y se hacen pasar como 'abogados' o 'notarios públicos', usando esa traducción común", dijo la senadora estatal Luz Robles, demócrata del Distrito 1 de Utah y principal impulsora de la medida.

La ley, puntualizó Robles, también "busca legitimar las prácticas de quienes realmente ayudan a estas comunidades (de inmigrantes) en nuestro estado.

Desde el domingo, los consultores migratorios deberán inscribirse, recibir el permiso y obtener los seguros correspondientes.

La ley define al consultor de inmigración como "una persona que provee ayuda no desde un punto de vista legal o consejos sobre temas migratorios". Esos temas pueden relacionarse con leyes federales o estatales, y pueden incluir completar o traducir documentos o formularios, o ayudar a gestionar documentos como actas de nacimiento.

Para recibir sus permisos, los consultores de inmigración deberán pasar por un chequeo de antecedentes criminales, presentar un seguro por un valor de 50.000 dólares y pagar un arancel de 240 dólares.

El trámite deberá renovarse cada año y excluye a abogados y a personas que, sin ser abogadas, están autorizadas a representar a otras personas ante la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración (FBIA, en inglés) o los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La nueva ley también establece que los consultores migratorios deberán detallar sus servicios en un contrato escrito tanto en inglés como en la lengua natal del cliente.

Como parte de la implementación de la ley, la División de Protección al Consumidor ya cuenta con personal hispano que ayudará a aquellos inmigrantes que necesitan más información en español o que deseen presentar una denuncia, dijo Jennifer Bolton, portavoz del Departamento de Comercio de Utah.

 

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