Latino News and Opinion

“No somos soñadores”
Por Arturo Varela / Redacción AL DÍA   
10:40 | 06/21/12
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Estudiantes indocumentados de Pensilvania responden con escepticismo, pero sin perder la esperanza, ante nueva política de inmigración.

Tania Chaírez, Erika Nuñez, César y Fernanda Marroquín, y Sheila Quintana no son activistas de una sola causa; han abogado por la aprobación del DREAM-Act y de una reforma migratoria integral. Foto: Gabriela Barrantes/AL DÍA
 

Pocas noticias en materia de inmigración han causado semejante revuelo en EE.UU. como el anuncio sobre una nueva política que promete dar a cientos de miles de estudiantes indocumentados un alivio temporal a la deportación, así como una oportunidad de trabajar legalmente en este país. Miles de jóvenes a través de la nación recibieron la noticia entre lagrimas y celebraron como si se tratara de la misma aprobación del DREAM-Act, iniciativa que además provee una vía a la ciudadanía. Otros, cansados ya de tantas decepciones, lo hicieron con cautela y escepticismo, aunque sin perder la esperanza, entre ellos un grupo de estudiantes indocumentados conocido como DreamActivists PA, que desde Pensilvania ha librado la lucha por su causa.

“Quería estar contenta, quería que fuera algo grande, pero me detuve un momento al recordar lo que ha pasado con otras políticas similares”, dijo Tania Chaírez, quien llegó a EE.UU. cuando tenía tan solo cinco años de edad —ahora tiene 19. 

“Primero pensé cuál era la diferencia entre esta y otras políticas anteriores que ya establecían que los estudiantes no debían ser deportados”, dijo Fernanda Marroquín, quien llegó a EE.UU. hace 12 años cuando tenía 10 años de edad. “Luego pensé que esto ayudaría a mucha gente, a muchos de mis amigos”.

“Pero como es algo político nunca sabes qué se puede esperar”, agregó Sheila Quintana, de 19 años de edad —10 viviendo en EE.UU.

Ellas, como muchos jóvenes indocumentados, han vencido los obstáculos y las expectativas para abrirse paso con una beca a la universidad. Y no a cualquiera. Quintana y Chaírez estudian en la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas del mundo. Fueron admitidas luego de graduarse de ‘high school’ con honores y con un promedio más que perfecto —de 4.8 en la escala de 4.0. Por su parte, Marroquín estudia en Eastern University.

En términos prácticos, la nueva política de inmigración les permitirá obtener otro tipo de reconocimiento por parte de un sistema que se ha ensañado en tacharlas de “ilegales”. Quizá incluso una licencia de conducir.

“Vivo en las afueras de Filadelfia, donde no hay transporte y tengo que depender de otras personas. Pero lo que más me importa es el permiso de trabajo porque es difícil depender de tus padres para pagar la escuela y comprar libros y materiales para las clases”, dijo Quintana. “Fue un alivio saber que podré ayudarlos y quitarles un poco de responsabilidad”.

“El permiso de trabajo es algo bastante grande, especialmente ahora que estamos estudiando y que todos nuestros compañeros están trabajando o haciendo prácticas profesionales”, agregó Chaírez.


Fernanda Marroquín durante una movilización a favor del DREAM-Act en Filadelfia, camino a las oficinas de ICE en “Old City”. Foto: David Cruz/AL DÍA

Más no se trata de salir de las sombras. Esa es una batalla que ya han librado desde hace tiempo gracias a una red de jóvenes activistas que se extiende por toda la nación.

“Fue muy liberador conocer a otros como yo y saber quemi sufrimiento no era único, que tantas personas pasan por esto y que no hay razón para quedarse callados”, dijo Quintana.

Por su parte, Marroquín agregó que “mientras más público seas sobre tu estatus, estás más seguro porque tienes a una red de personas a tu alrededor”.

Ellas han estado al frente de protestas, marchas, movilizaciones, y han vencido el miedo a la deportación. En el proceso, Chaírez y Marroquín incluso han sido arrestadas por desobediencia civil. Todo por la convicción de que así es como se logra el cambio.

“Yo sé que esta nueva política se hizo por la presión de los estudiantes indocumentados”, agregó Chaírez.

Ellas consideran que esta nueva política obedece a las aspiraciones de un gobierno que si bien ha abogado por la causa, hoy ha decidido actuar en busca de la reelección. 

“Claro que es algo político para ganar el voto latino en un momento en que el presidente sabe que se le está escapando”, dijo Chaírez. “Es obvio que los latinos están decepcionados y tenía que tomar acción para obtener su voto en noviembre”.

“Es una estrategia política más que nada, pero aprecio que haya tomado el liderazgo”, dijo Quintana.

Aunque indocumentadas, estas jóvenes reconocen que se encuentran en una condición privilegiada ya que han tenido acceso a la educación y cumplen con los requisitos para ser consideradas para recibir alivio de acuerdo a la nueva política.

“Estoy contenta pero lo que me molesta es que hay muchos jóvenes que se van a quedar fuera”, dijo Erika Nuñez (estudiante en Bryn Mawr College), quien tiene 21 años de edad y lleva 10 viviendo en EE.UU.

“Sobretodo en Filadelfia, donde hay tantos que no van a calificar debido al alto índice de deserción escolar en la ciudad”, dijo César Marroquín, de 21 años de edad (12 años en Filadelfia), y quien sueña con ser Navy SEAL.

Pese a que jóvenes como estos se han ganado el título de “dreamers”, los miembros de DREAMActivist PA consideran que esta etiqueta les queda chica.

“No somos soñadores”, dijo Fernanda Marroquín. “Cuando empezamos a abogar por el DREAM-Act nos considerábamos ‘dreamers’ pero conforme crecimos empezamos a ver que somos más grandes que eso, que una legislación no debe definirnos como personas, y que no podemos estar atados a una sola iniciativa, sino que tenemos que luchar por todos los indocumentados y por una reforma migratoria integral”.

Ella, como sus compañeros, prefiere identificarse simplemente como “indocumentados, sin miedo ni arrepentimiento”.

Días antes en la Casa Blanca


El presidente Obama hace un gesto al ser interrumpido por el periodista Neil Munro, del "Daily Caller", durante el anuncio el pasado 15 de junio sobre el cambio de política de inmigración. Foto: EFE
 

Fue el pasado 15 de junio cuando el presidente Barack Obama, y la secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano, anunciaron que quienes fueron traídos a este país como menores de edad y cumplan ciertos requisitos, serán considerados para recibir acción deferida por un periodo de dos años, sujeto a renovación, y podrán solicitar autorización para trabajar legalmente en este país.

“Pónganse en sus zapatos”, dijo Obama desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Imaginen que han hecho todo lo que tenían que hacer en su vida, han estudiado y trabajado, tal vez incluso se graduaron con las mejores calificaciones de su clase, solo para enfrentarse a la amenaza de la deportación”. 

Más no se trata del DREAM-Act, que fue aprobado a finales del 2010 en la Cámara Baja para su votación en el pleno, y fue bloqueado con 55 votos a favor y 41 en contra (cinco demócratas y 36 republicanos) decepcionando así a 2,1 millones de estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Sino de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

“En ausencia de cualquier acción en materia de inmigración por parte del Congreso, para arreglar nuestro sistema quebrado de inmigración, lo que hemos intentado es enfocar nuestros recursos para aplicar las leyes de inmigración en los lugares correctos”, dijo Obama.

La nueva política se suma a otro memorando dado a conocer en agosto del 2010 por el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, que establece que el enfoque de la Administración Obama es la deportación de criminales que representen una amenaza para la seguridad nacional o pública.

Luego vino otro más en junio del 2011 en el que se establece que la deportación de estudiantes indocumentados es de baja prioridad y que hace a los ‘dreamers’ sujetos de discreción procesal.

Más tarde, en agosto del 2011 llegó el anuncio de la revisión de 300 mil casos pendientes de deportación que permite aplicar discreción procesal a inmigrantes de baja prioridad, entre ellos estudiantes, para determinar si pueden permanecer en EE.UU. y solicitar un permiso para trabajar legalmente en el país.

A través de estos esfuerzos la administración Obama cambió el balance delas deportaciones que han alcanzado una cifra récord de 1,2 millones de personas bajo su mandato.

Según DHS, mientras que el 65 por ciento de los “removidos” en el 2009 no tenía antecedentes criminales, en el 2011 la cifra fue del 45 por ciento.

Habría que ver cuantos de ellos fueron jóvenes indocumentados que pudieron haber sido beneficiados bajo la nueva política pero a quienes les llegó demasiado tarde la noticia. Sin embargo DHS no cuenta con cifras o estadísticas del nivel de educación o edad de los deportados.

De acuerdo a la nueva política, las personas que cumplan los siguientes requisitos, incluyendo a aquellos que se encuentren en proceso de deportación, podrán ser elegibles para ser sujetos a dicha discreción inmediatamente, pero cuyo marco de implementación será delimitado dentro de los 60 días posteriores a la publicación del memorando.

  • Quienes hayan llegado a EE.UU. antes de haber cumplido los 16 años de edad, sean menores de 30 años, y hayan vivido continuamente en el país durante un periodo de cinco años previos a la expedición del memorando.
  • Quienes estén inscritos en la escuela, se hayan graduado de ‘high school’, hayan obtenido un certificado de Desarrollo Educacional General (GED) o hayan servido en las Fuerzas Armadas o en el Servicio de Guardacostas y dados de baja de forma honorable.
  • Quienes no hayan sido enjuiciados por delitos graves, o delitos menores significativos o en múltiples ocasiones y no representen una amenaza a la seguridad nacional o pública.

Mientras que el Gobierno calculó que al menos 800.000 jóvenes podrían verse beneficiados por la nueva política, el Centro de Investigación Pew reportó que la cifra podría llegar incluso a 1,4 millones —el 70 por ciento de ellos de origen mexicano.

Sin embargo, el escepticismo persiste tomando en cuenta el bajo índice de casos cerrados que DHS y ICE se han propuesto en memorandos anteriores. 

Según reportó el New York Times, tras siete meses de revisión de más de 411.000 casos de deportación, ni siquiera el dos por ciento ha sido cerrado. Hasta el pasado 29 de mayo, se habían examinado 288.361 casos, de los cuales solo 4.403 habían sido cerrados.

A cuatro años de gobierno y cuatro meses de las elecciones


*El presidente Obama, negó en agosto pasado tener el poder ejecutivo de detener de manera categórica la deportación de estudiantes indocumentados durante una mesa redonda con periodistas hispanos en la Casa Blanca. Aparecen en la fotografía (de izq. a der.) Isabel Morales de El Nuevo Herald, Antonieta Cadiz de La Opinión, Arturo Varela de AL DÍA NEWS, Milagros Vela de El Tiempo Latino y Mitzi Macías del Washington Hispanic. Foto: Pete Souza/White House
 

Apenas un año atrás Obama negó, en una mesa redonda en la que participó AL DÍA, tener el poder ejecutivo de detener de manera categórica la deportación de estudiantes indocumentados que serían beneficiados con la aprobación del DREAM-Act.

Si bien la nueva política no obedece a una orden ejecutiva ni impone un alto categórico a la deportación de estudiantes indocumentados, no cabe duda que el mandatario tuvo cartas en el asunto.

Tras cuatro años de gobierno y a cuatro meses de las elecciones, hay quienes consideran que la decisión de Obama obedece a su apasionada convicción por una reforma migratoria. O al oportunismo político.

Sin duda se trata de un arma de doble filo para el presidente. Así como podría darle al mandatario la simpatía del creciente electorado hispano el próximo 6 de noviembre, también podría costarle su reelección ante los opositores a cualquier tipo de amnistía.

Pero el mandatario advirtió:

“No es inmunidad. No es una vía a la ciudadanía. No es una solución permanente. Es un recurso provisional que nos permite enfocar nuestros recursos de una manera sabia, y darle cierto alivio y esperanza a los jóvenes patriotas talentosos y con iniciativa”.

Lluvia de elogios

El anuncio desencadenó un torrente de reacciones tan polarizadas como el acalorado debate migratorio que atraviesa la nación, y tan divididas como el Congreso mismo.

Sobre el presidente cayó una lluvia de elogios por parte de diversas organizaciones hispanas y legisladores demócratas.

“Aplaudimos al presidente por tomar la acción necesaria para detener la carga injusta que ha recaído sobre estos jóvenes que no han cometido ninguna ofensa”, dijo el congresista y presidente del Caucus Hispano del Congreso, Charles González (D-TX).

El congresista Joe Baca (D-CA), apoyó la discreción procesal ya que “es importante tomar en consideración las circunstancias individuales de cada persona”.

“Esta es una solución sensata que nos permite, como una comunidad nacional, ayudar a cientos de miles de jóvenes adolescentes atrapados en un limbo legal”, agregó el congresista Raúl Grijalva (D-AZ).

“Para estos hombres y mujeres que quieren convertirse en doctores, maestros, oficiales de policía, soldados, este anuncio cambiará sus vidas para siempre”, dijo el senador Robert Menéndez (D-NJ). 

“Pero este es solo el comienzo”, agregó el congresista Rubén Hinojosa (D-TX). “Estos jóvenes merecen una vía a la ciudadanía estadounidense sin miedo a represalias”.

Otros legisladores le dieron la bienvenida al anuncio, pero consideraron que pudo haberse dado antes.

“El anuncio representa un gran paso que se le debía desde hace mucho tiempo a nuestro nación y a miles de niños que han llamado casa a este país durante la mayor parte de su vida”, dijo la congresista Lucille Roybal-Allard (D-CA).

Acción administrativa a falta de acción en el congreso

Respecto a la nueva política, que obedece a una acción administrativa, que no requiere aprobación del Congreso, el congresista Chaka Fattah (D-PA) dijo que “el presidente Obama ha superado el estancamiento de Washington y ha hecho lo correcto para reforzar la economía estadounidense y proteger a los estudiantes que han sido marginalizados sin tener la culpa”.

El anuncio no causo la misma gracia entre republicanos, quienes incluso cuestionaron la legalidad de la decisión de la Administración Obama.

“Los estadounidenses deberían estar indignados de que el presidente Obama está planeando usurpar la autoridad constitucional del Congreso de los Estados Unidos y conceder amnistía por decreto a un millón de inmigrantes ilegales”, dijo el congresista Steve King (R-IA). 

El senador Marco Rubio (R-FL) dijo que “ignorando una vez más la constitución y dándole la vuelta al Congreso, esta política de corto plazo hará más difícil encontrar una respuesta balanceada y responsable a largo plazo”.

Por su parte, el congresista David Schweikert (R-AZ) propuso una iniciativa que prohibiría al Departamento de Seguridad nacional aplicar la nueva política.

“El presidente decidió darle amnistía y permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes ilegales mientras que 23 millones de estadounidenses están desempleados”, dijo Schweikert. 

Por otra parte, el congresista Ben Quayle (R-AZ) presentó una iniciativa similar con el respaldo de otros seis legisladores republicanos.

“La decisión del presidente Obama y la secretaria Napolitano de detener la aplicación de nuestras leyes de inmigración es impresionante, tanto en su arrogancia como en su falta de visión”, dijo Quayle. “Esta gestión que se pasa por alto al Congreso es un reproche directo al principio de las tres ramas del gobierno señaladas en nuestra Constitución”.

El ausente entre los republicanos fue el virtual candidato a la presidencia, Mitt Romney, quien hasta el cierre de esta nota no había hecho comentario alguno al respecto, pero se esperaba que así lo hiciera durante la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) el jueves 21 de junio.

La gran interrogante fue sí el republicano —quien anteriormente ha declarado que vetaría el DREAM-Act si tanto él como la iniciativa llegan al escritorio de la Casa Blanca— se limitaría a criticar la nueva política de Obama de la misma forma que lo han hecho otros de su partido o si propondría una alternativa (vea actualización).

Tomar el riesgo

Erika Nuñez, César y Fernanda Marroquín, Sheila Quintana, Tania Chaírez, y Sheila Quintana. Foto: Gabriela Barrantes/AL DÍA

Según la abogada de inmigración Wendy Hess, de la firma Goldblum & Hess en Filadelfia, hay tres factores que los jóvenes indocumentados deben considerar para decidir si desean solicitar acción deferida de acuerdo a la nueva política.

Primero, si cumplen con los requisitos. Luego su historial para determinar si hay factores que los puedan ayudar o perjudicar en el proceso, por ejemplo si tienen antecedentes penales. Y por último, deben decidir si están dispuestos a tomar el riesgo.

“Este es un estatus temporal de dos años que esperamos que sea extendido, ¿pero qué si no es así? ¿están dispuestos a hacerlo para que ICE sepa en dónde están?”, dijo Hess.

“La esperanza, el sueño, es que suficientes ‘dreamers’ reciben este estatus temporal de dos años y se esfuercen como muchos lo han hecho hasta ahora, para que esta acción deferida temporal se transforme en una legislación permanente que permita a la próxima generación de estadounidenses pertenecer verdaderamente a los Estados Unidos”, agregó.

La abogada dijo que por el momento, los jóvenes interesados pueden consultar a un abogado e informarse sobre los documentos que se requieren en otros casos similares.

Pero advirtió que no deben hacer ningún pago hasta que no se haya previsto un marco especifico en el que operará la nueva política.

“Si no hay regulaciones no es posible que un abogado pueda evaluar de manera justa quiénes son elegibles para recibir acción deferida, qué es lo que tienen que hacer en cada caso, o cual será la cuota”, dijo Hess.

Respecto a quienes han sido arrestados o enjuiciados por desobediencia civil o por cargos relacionados al consumo de alcohol entre menores, dijo que “aun no sabemos la respuesta así que estén quietos y esperen las regulaciones”.

Por su parte, los jóvenes de DREAMActivists PA dijeron estar conscientes del riesgo y dispuestos a tomarlo.

“Entiendo que hay un riesgo, pero no he hecho nada malo y creo que soy elegible. Estoy dispuesta a tomarlo porque no veo una manera mejor de hacerlo”, dijo Quintana. “Tengo confianza que habrá más movimiento y políticas para beneficiar a los estudiantes indocumentados”.

 

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