Latino News and Opinion

Tardan demasiado en revisar casos de deportación
Por EFE   
06:31 | 07/25/12
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Decenas de miles de inmigrantes indocumentados en EE.UU continúan en un limbo legal porque, pese a que la Administración Obama ordenó suspender sus trámites de deportación, las autoridades sólo han revisado 1,9 por ciento de los casos.

En agosto de 2011, el presidente Barack Obama anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzaría a revisar "caso por caso" los procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados en vías de deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en el país, sino además solicitar licencias de conducir y permisos de trabajo.

La idea, según explicó entonces el DHS, era dar prioridad a la deportación de indocumentados con antecedentes penales o que supusieran una amenaza para la seguridad nacional.

De hecho, en el año fiscal 2011, el Gobierno de Obama deportó a casi 400.000 indocumentados, la mayor cifra registrada hasta entonces. De ellos, casi el 55 por ciento eran individuos con antecedentes penales.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se había fijado la meta de cerrar los casos considerados de "baja prioridad", si era posible incluso antes de que llegaran ante un juez de Inmigración.

Lo que ha pasado sobre el terreno es desalentador.

Para el pasado 28 de junio, los agentes de ICE sólo habían logrado cerrar un total de 5.684 casos, aun cuando continúa insistiendo en que la meta es reducir la montaña de casos acumulados en los tribunales de Inmigración.

El número de casos cerrados bajo la nueva directriz anunciada en agosto de 2011 apenas conforma el 1,9 por ciento de los 298.173 casos pendientes ante los tribunales migratorios para finales de septiembre del año pasado, según el proyecto "TRAC" de la Universidad de Syracuse.

El mayor número de los casos cerrados a "discreción" de los jueces, un total de 3.060, pertenecían a indocumentados mexicanos, según un informe divulgado el lunes por "TRAC".

Además de México, entre los países latinoamericanos más representados en esos casos figuran Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua, en ese orden.

En general, los indocumentados han tenido que esperar un promedio de 803 días desde el día en que fueron acusados de una infracción migratoria y sometidos al trámite de deportación hasta la fecha en que se cerró su caso.

A manera de comparación, el cierre de otros casos migratorios ha tomado un promedio de 385 días en este año fiscal en curso.

Los tribunales de Inmigración en Los Angeles (California), Denver (Colorado), y San Francisco (California), en ese orden, lideraron la lista de tribunales con el mayor número de casos cerrados bajo el programa anunciado en agosto de 2011.

Según los documentos judiciales, sólo 294 del total de 5.684 casos cerrados, o un cinco por ciento, eran de personas que no tuvieron representación legal. El 95 por ciento restante sí contrató los servicios de un abogado, lo que supone un gasto adicional.

Estas deportaciones suspendidas, también conocidas como "acción diferida", siempre han formado parte de la política migratoria de Estados Unidos tanto bajo un Gobierno republicano como bajo uno demócrata.

La novedad, y las críticas que ha generado en círculos conservadores, quizá se deba a la cantidad de casos bajo revisión judicial.

El problema es que la mayoría de estos inmigrantes indocumentados sigue esperando una decisión sobre sus casos, siempre bajo la amenaza del arresto o deportación.

Uno de los principales críticos de la "acción diferida" ha sido el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, quien considera que la suspensión de la deportación no es más que una "amnistía por la puerta trasera".

Pero la suspensión de la deportación ni es una dádiva ni es una "amnistía" -porque no les confiere la residencia permanente en absoluto- sino que es un antídoto temporal al maltrecho sistema de inmigración en Estados Unidos, que no responde a las necesidades del actual mercado laboral en el país.

Es un balón de oxígeno que evita la asfixia de quienes afrontan el reto diario de pagar facturas y mantener una familia.

El Congreso está muy lejos de siquiera debatir una reforma migratoria integral, pero las demoras de ICE son igual de dañinas. 

 

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