Los datos sobre la redada fueron proporcionados en 618 páginas por medio de la Ley de Información Pública. Gracias a la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Barack Obama puede entrar en una arena políticamente movediza del debate de inmigración.
El lunes la Corte pidió al gobierno Obama su punto de vista sobre el desafío a la ley de Arizona que castiga a las compañías que contratan indocumentados.
Mientras tanto, otros estados estarán observando de cerca qué paso da la administración, pues sus propias leyes pueden estar en problemas similares.
El punto es si las legislaturas locales y estatales pueden sobrepasar la política migratoria de Estados Unidos en el Congreso, señaló el abogado litigante de la Corte Suprema Carter Phillips.
Phillips representa la Cámara de Comercio de Estados Unidos , que desafió la ley de Arizona como parte de una coalicción de grupos empresariales, de inmigración y laborales, entre ellos la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.
La coalicción rechaza una ley de 2006 que puede revocar a supender licencias de negocios que contraten inmigrantes indocumentados.
No tenían antecedentes
Por otro lado, la mayoría de los indocumentados detenidos durante una redada de inmigración el año pasado en el norte de Arizona no tenía antecedentes criminales, de acuerdo con documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ACLU informó que durante la redada efectuada en noviembre del 2008 en las ciudades de Flagstaff, Sedona, Prescott y Prescott Valley se arrestaron a 80 personas, de las cuales sólo 14 habían sido deportadas previamente y de éstas, solamente dos tenían récord criminal.
Arpaio continúa con arrestos
Entretanto, el alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, aseguró esta semana que desde que el Gobierno Federal le retiró la autoridad de ejercer funciones de agente de inmigración el pasado 5 de octubre, su oficina ha arrestado a 98 indocumentados.
Arpaio, conocido como el “alguacil más duro del Oeste”, dijo no tener ninguna duda en estar haciendo lo correcto al detener a indocumentados y negó rotundamente las acusaciones de prácticas de perfil racial durante un programa de televisión en Phoenix en el que contestó preguntas hechas directamente por el público.
Hace un mes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no renovó la cláusula bajo el programa 287g que permitía a los agentes de Arpaio cuestionar a personas sobre su estatus migratorio durante sus operativos anti-crimen en las calles del condado.
“Nada ha cambiado y nada cambiará”, sostuvo Arpaio.
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