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La Mala Sangre: Inoculación de sífilis en Guatemala
Por Ana Gamboa/ Redacción AL DÍA   
15:52 | 05/13/11
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I. La historia enterrada

Era junio del 2009 y la profesora Susan Reverby, del Departamento de Estudios de Mujeres de la Universidad de Wellesley, se encontraba en la oficina de los archivos de la Universidad de Pittsburgh, rodeada   de montañas de papeles y carpetas abiertas.

Estaba investigando datos para su próximo libro, un estudio sobre el experimento de la sífilis en la ciudad de Tuskegee (AL) entre 1932 y 1972, cuando cerca de 400 hombres afroamericanos enfermos de sífilis fueron usados como conejillos de indias por el Departamento de Salud de Estados Unidos para examinar la evolución de esta enfermedad. 

El caso había tenido mucha resonancia en Estados Unidos en la década de los setenta, pues quedó al descubierto que a los pacientes se les había hecho creer que estaban siendo sometidos a un tratamiento curativo, cuando en realidad solo fueron utilizados como muestras de laboratorio. Reverby, sin embargo, quería desmentir la creencia popular de que había sido el gobierno de Estados Unidos el que los había infectado.

La profesora Susan Reverby descubrió en el 2009, por casualidad, el caso de inoculación de sífilis a 700 guatemaltecos en la década de los cuarenta.

Se encontraba entonces reuniendo evidencia que sustentara su tesis cuando se tropezó con material perteneciente al doctor John Cutler (1915-2003), uno de los médicos claves en el caso Tuskegee y una autoridad en estudios sobre enfermedades venéreas.

Reverby abrió las cajas etiquetadas con el nombre de Cutler esperando encontrar información valiosa sobre el caso Tuskegee, pero en su lugar se topó con las palabras ‘inoculación’ y ‘Guatemala’.

“Me sentí horrorizada, quedé en un ‘shock’ terrible”, confiesa casi dos años después, desde su oficina en Wellesley Massachusetts  en entrevista exclusiva con AL DÍA.

“Nadie tenía la menor idea que esta información se encontraba ahí, y darme cuenta que los estudios se habían realizado no solo en el sur de Estados Unidos sino el Sur global (Latinoamérica)  fue una gran sorpresa, no lo podía creer”, declaró.

Las cajas guardaban información desconocida sobre un experimento que se había llevado a cabo en Guatemala entre 1946 y 1948; contenían las notas de campo del doctor Cutler, sus reportes de laboratorio, las listas de pacientes y sus fotografías.

 “Lo primero que captó mi atención –recuerda Reverby– fueron los términos ‘sífilis’ e ‘inoculación’, pues en el caso Tuskegee, que llevaba investigado durante casi dos décadas, los pacientes no habían sido inoculados”.

Pronto se enteró de que los experimentos en Guatemala habían sido dirigidos a probar la penicilina como medicamento preventivo para la sífilis, y que las investigaciones habían sido conducidas por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, la Oficina Panamericana de Sanidad y el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas (VDRL) en colaboración con varias agencias del gobierno de Guatemala.

A medida que siguió desempolvando archivos, comprendió porqué el Departamento de Salud de Estados Unidos había  escogido a Guatemala como escenario de sus experimentos: la prostitución allí era legal y el gobierno guatemalteco también estaba interesado en el uso de la penicilina. Se infectó deliberadamente, y sin el conocimiento de los pacientes, a prisioneros, soldados, prostitutas, enfermos mentales y niños huérfanos.

“Creo que para tratar de comprender lo que sucedió –explica la profesora Reverby–, uno tiene que centrarse en un tiempo donde los médicos pensaron que hacían lo correcto. Era el comienzo del uso de la penicilina y nadie tenía idea cómo iba a funcionar. Creo que Cutler al pensar que los curaba no creía que los estaba dañando realmente. No es tan fácil solo verlo como un monstruo cuando organismos oficiales sabían lo que estaban haciendo. No es como si hubiese sido secreto en su momento”.

Según los documentos de Cutler, 696 guatemaltecos fueron infectados de sífilis y al menos una persona murió durante los experimentos.

“El 86 por ciento de los infectados recibieron un tratamiento, mientras que un 14 por ciento probablemente no recibió el tratamiento apropiado”, explicó Reverby.

En su estudio titulado “Normal Exposure” and Inoculation Syphilis: A PHS ‘Tuskegee’ Doctor in Guatemala”, publicado en enero del 2011, la profesora Reverby explica que primero se infectaba a prostitutas para que estas infectaran luego a otros hombres. Ya una vez contraída la enfermedad, se les daba el tratamiento. Sin embargo, cuando no pudieron crear suficientes casos de infectados fue que comenzaron las inoculaciones, es decir, la aplicación del virus directamente en el cuerpo con una jeringa.

A pesar del número de infectados, el estudio no arrojó los resultados esperados y no se encontró información contundente. En consecuencia, la investigación se guardó en un cajón y ahí se quedó hasta aquella mañana de junio de 2009 en que Reverby, por accidente, la descubrió.

Entonces vino el proceso de rectificar la información y luego la travesía para sacarla a la luz pública.

Reverby contactó primero al antiguo director del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), David Senser, a quien había consultado en la década de los setenta para su investigación sobre Tuskegee.

Senser ayudó a comprobar la legitimidad de los documentos y entonces acudió a la CDC, organización que envió al doctor John Douglas, director de la División de Prevención de Enfermedades Venéreas, a Pittsburgh a ver el material.

El 30 de septiembre del 2010 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) publicó en su página de internet los resultados encontrados por el CDC.

Al día siguiente, el primero de octubre, el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a su homólogo guatemalteco, Álvaro Colom, para disculparse personalmente.

“Este es un hecho que causa la indignación en los Estados Unidos y que no es compatible con los principios y valores de esa sociedad”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en una rueda de prensa.

En Guatemala, por su parte, Colom se mostró indignado, calificando el hecho como un delito de “lesa humanidad”.

“Es una violación de derechos humanos increíble...pero ahí está y debemos enfrentarlo”, declaró Colom.

Mientras tanto, en Estados Unidos, las disculpas de otros prominentes líderes no se hicieron esperar. Tanto la Secretaria de Estado Hillary Clinton como la de Salud, Kathleen Sebelius, se refirieron al estudio como una “práctica repugnante”.

Finalmente, en marzo del 2011, las víctimas inoculadas con sífilis entablaron una demanda colectiva en contra del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Guatemala, sin embargo, se abstuvo de involucrarse en el proceso.  

II. La ‘sangre mala’

Solamente las víctimas en Guatemala pueden relatar los estragos que este experimento les dejó de por vida.

Marta Orellana, de 74 años, infectada en un orfanato a los nueve años, es una de ellas.

AL DÍA logró hablar con ella vía telefónica desde la ciudad de Guatemala, en donde reside con su familia.

Corría el año de 1948 cuando Marta Orellana, entonces una niña de nueve años que llevaba tres viviendo en el hospicio Rafael Ayaud, en la ciudad de Guatemala, vio su nombre en una lista de internas que debían presentarse en la enfermería ese mismo día.

Sin saber de qué se trataba, acudió desprevenidamente a la cita. Era solo un chequeo médico regular: muestras de sangre y de orina. Fue  después, cuando de repente se vio rodeada por médicos varones y empleados del orfanato que la sujetaban de las extremidades, que comprendió que algo anormal estaba aconteciendo.

Puso toda la resistencia que pudo, pateó e intentó soltarse, pero los hombres la superaban en número y en fuerza. Finalmente, cuando su cuerpo estuvo blando y debilitado, le hicieron un examen vaginal.

Durante el siguiente mes tuvo que asistir cada dos horas a la enfermería para recibir dos inyecciones con un líquido blanco. Ella miraba la jeringa, miraba a su alrededor, y lo único que podía hacer era preguntarles a las enfermeras qué estaba pasando. Pero en lugar de respuestas, recibía un silencio hostil y amenazador.  

Después, cuenta, le volvieron a hacer un examen vaginal, le  metieron unos algodones, se los sacaron y los guardaron en unos frascos. Y otra vez todo volvió a ponerse en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería: cada dos horas la llevaban a la enfermería; ella, cada vez más sedada y con nuevos dolores en el cuerpo y malestares en la cabeza, intentaba preguntar qué estaba pasando. Y siempre, sin alteraciones, recibía las inyecciones en medio de las caras mudas de las enfermeras.  

Así transcurrieron varios meses, no recuerda exactamente cuántos –¿cómo habría de recordarlo?– hasta que un día se produjo un cambio en la rutina: la llamaron a la enfermería, la acostaron boca abajo, le sacaron líquido de la columna y así, sin decirle nada, la dejaron postrada por los próximos tres meses.

Tenía prohibido moverse, levantarse, incluso ir al baño. Como estaba la mayor parte del tiempo sedada, perdió la noción del tiempo, y solo por otras niñas se enteró de que también la inyectaban cuando estaba dormida.

Poco tiempo después supo que las constantes inyecciones eran penicilina, pero seguía sin saber qué enfermedad padecía.

Salió del hospicio a los 16 años y a los 18, sin recursos para continuar sus estudios, fue a sacar sus papeles para comenzar a trabajar. Entonces se encontró con una serie de requerimientos legales, entre los que figuraba tener una tarjeta de sanidad, y hasta ahí llegaron sus esperanzas laborales.

Después de examinarla, los médicos le explicaron que tenía ‘sangre mala’, que no podían darle su tarjeta de salud pública. Antes de despedirla, sin embargo, le dijeron que necesitaba un tratamiento de penicilina y le recetaron diez inyecciones. Ella salió sin entender nada.

Durante los siguientes doce años fue a pedir su tarjeta de salud, cada vez con esperanzas renovadas, sin poder obtenerla jamás.

III. El saldo de cuentas

Casi inmediatamente después de que la noticia saliera a la luz pública en octubre del 2010, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala se movilizó para iniciar su propia investigación sobre las víctimas y tratar de medir los daños causados.

El proceso para identificar a los afectados, directos como indirectos (familiares y parientes de los inoculados con el  virus), comenzó con la información que ya había sido publicada en los medios de comunicación, pero hasta la fecha la PDH de Guatemala solo ha logrado establecer contacto con un puñado de sobrevivientes del experimento, lo que ha estancado considerablemente el proceso.

“Hasta ahora hay 15 personas que son víctimas directas y estamos pendientes para hacer una evaluación médica para saber qué impactos han sufrido de manera oficial”, dijo el procurador  adjunto de derechos humanos en Guatemala, el doctor Pablo Werner, en conversación telefónica con AL DÍA.

No obstante, el Doctor Werner y su equipo de trabajo han logrado ubicar en orfanatos, centros de salud mental y campos militares, mil 500 casos de personas que han sido afectadas de manera indirecta.

Finalmente, en marzo de 2011, un grupo de siete personas que representan el conjunto de afectados,  entablaron una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos a través de dos bufetes de abogados estadounidenses.

Estos son Conrad & Scherer y Parker, Waichman & Alonso, dos bufetes que ofrecen su servicios en casos de violación de derechos humanos.

Una de las abogadas de Conrad & Scherer, Piper Hendricks, cree que tienen un buen caso en sus manos, ya que el gobierno estadounidense admitió publicamente su responsabilidad. Aun no se conoce la cifra que los afectados  pueden obtener a manera de indemnización.

De los siete demandantes guatemaltecos, tres representan a familiares que han fallecido y el resto se representan a ellos mismos.

Los demandantes piden principalmente dos cosas: que las cortes de Estados Unidos reconozcan la culpabilidad del gobierno y que les paguen una indemnización por los gastos médicos que han tenido que cubrir a raíz de los experimentos.

“También por los daños punitivos como el dolor y sufrimiento que estos experimentos pudieron haber causado”, declaró Hendricks a AL DÍA.

IV. Tratando de buscar la cura

Ahora, a sus 74 años, Marta Orellana ya sabe qué fue lo que le sucedió. Con una voz que muestra resignación y un poco de tranquilidad, dice que tiene esperanza en que pueda hacerse justicia.

“Al enterarme de la noticia le dije a uno de mis hijos: ‘ya ves cómo es Dios, nada se queda oculto del cielo a la tierra y todo se sabe’”, dijo Orellana.

Viuda desde hace 20 años y con cinco hijos y varios nietos, la vida de Orellana no ha sido fácil.  

En Guatemala la mayoría de los empleos solicitan una tarjeta de sanidad como requisito, y  a falta de ésta, en lo único que ha podido ocuparse es como empleada doméstica por recomendación. Y claro, están los inagotables  problemas de salud que la han acompañado desde que recibió el ‘tratamiento’.

Su segundo hijo, el reverendo Luis Estuardo Vásquez, fue quien descubrió la noticia en octubre pasado.

“Cuando salió en el periódico pude asociar los hechos con la historia que ella nos contaba de su vida cuando era niña”, dijoVásquez en entrevista para AL DÍA.

 Solo hasta ahora la familia comprendió que todos sus problemas de salud eran síntomas claros de esa enfermedad.

“Cuando mi madre tenía 22 años, estuvo completamente inmóvil por un tiempo. A los 24 perdió su dentadura completa, y ha padecido de ataques epilépticos desde muy jovencita. Recuerdo que nosotros de niños nos asustábamos mucho cuando le daban los ataques. Pensábamos que se iba a morir”, agregó.

A pesar de su condición, Orellana ha logrado sobrevivir a dos derrames cerebrales y ha construido una familia.

“Recuerdo que cuando estaba muy joven me quedé engarabatada de mis músculos – dijo Orellana en referencia a su problema de entumecimiento. “Me tocaba calentarme al sol y entonces ya podía moverme, pero me atrasaba mucho en mi trabajo”.

De sus cinco hijos, el mayor nació sin el músculo del pecho izquierdo y la tercera hija tiene un problema en la vista. Una de sus nietas tiene un problema en el habla y un bisnieto fue diagnosticado con autismo, según dijo Vásquez.

Ante todo, la familia Vásquez Orellana ha dado el único paso que puede dar: se encuentra en la lista de demandantes guatemaltecos que exigen algún tipo de indemnización por parte del gobierno estadounidense.

En su momento los experimentos fueron un hecho  conocido por los organismos de salud oficiales y por los médicos que llevaron a cabo los procedimientos.

Pero para las víctimas, sin embargo, sí eran secretos. Y lo siguieron siendo durante mucho tiempo, por más de 60 años, hasta que en octubre del 2010 se destapó esta historia por  pura casualidad.

 

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