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Inicia entre controversias reto legal contra Voter ID en Pensilvania
Por Arturo Varela / Redacción AL DÍA   
08:34 | 07/27/12
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Protestas a través de Pensilvania, fuertes declaraciones, una investigación del gobierno federal y el anuncio de una nueva identificación para votar forman parte de los más recientes desarrollos en torno a la controversial ley Voter ID, en el marco del inicio de las audiencias del reto legal que esta enfrenta en Harrisburg.

La división de derechos civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. abrió el pasado 23 de julio una investigación sobre el impacto de la ley y solicitó al gobierno de Pensilvania ofrecer pruebas de que el 99 por ciento de los votantes del estado cuenta con un tipo de identificación necesaria para votar —como los funcionarios del estado aseguraron originalmente al promover la iniciativa.

Sin embargo, incluso días antes, el gobierno de Pensilvania se retractó y sugirió que unos 759.000 votantes registrados, es decir el 9,2 por ciento, no cuentan con una identificación expedida por PennDOT.

Si bien, esos votantes podrían contar con otras identificaciones aceptadas para votar, como un pasaporte estadounidense, una identificación militar, una identificación de empleado o una expedida por una universidad, hay quienes especulan que el gobierno de Pensilvania no logrará convencer al Departamento de Justicia de que la ley afecta desproporcionadamente a ciudadanos de ciertas razas o etnias.

Entre los escépticos se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que en un comunicado informó que, considera, PennDOT no es capaz de expedir la cantidad necesaria de identificaciones para asegurarse que cada votante registrado pueda ejercer su voto el 6 de noviembre. 

Ni siquiera con el anuncio, el pasado 20 de julio, por parte del gobierno de Pensilvania, sobre la creación de una nueva identificación, gratuita y exclusiva para votar, para quienes no pueden proveer los documentos que normalmente necesitarían para obtener una identificación de PennDOT, pero puedan proveer su fecha de nacimiento y número de Seguro Social, así como comprobantes de domicilio.

“Esta nueva identificación será una red de seguridad”, dijo Carol Aichele, secretaria del ‘commonwealth’ de Pensilvania.

Por su parte, ACLU declaró en un comunicado que “claramente, el estado sabe que tiene un gran problema es sus manos, pero desafortunadamente, esta no es la solución”.

También se hizo escuchar —el martes en el Capitolio de Harrisburg y el miércoles en la oficina de gobernador Tom Corbett en Filadelfia— la voz de quienes protestaron en contra de la ley Voter ID y en preámbulo al inicio de reto que enfrenta la ley en la Corte de Quejas Comunes.

Fue el miércoles cuando se llevó a cabo la primera audiencia en la demanda entablada por ACLU en contra del gobierno de Pensilvania, que no ofreció ninguna evidencia de ha habido fraude electoral en el estado.

Días antes, funcionarios del estado expidieron en un documento que no tienen ninguna razón para creer que dicho crimen ocurre con mayor frecuencia en ausencia de una ley como la Voter ID.

“No han habido investigaciones o procesamientos de fraude electoral en persona en Pensilvania, y no hay conocimiento directo personal de dichas investigaciones o enjuiciamientos en otros estados”, lee el documento.

Se espera que el juez Robert Simpson tome una decisión a mediados de agosto, la cual podría ser apelada, independientemente del desenlace, en la corte suprema del estado.

 

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